En los ocho días que pasaron entre la denuncia del secuestro de 13 trabajadores en Pataz y la confirmación de su asesinato en un socavón clandestino, el gobierno de Dina Boluarte no tuvo más reacción que su escepticismo sobre la veracidad de la noticia. Recién el último lunes, luego del hallazgo de los cuerpos -con evidentes signos de ensañamiento- la presidenta anunció varias acciones para luchar contra la minería ilegal en la provincia. Dos de ellas, relacionadas directamente a las actividades mineras, no tienen hasta ahora detalles sobre su implementación.
Además del toque de queda y la futura creación de una base militar en Pataz – la región La Libertad se encuentra en estado de emergencia desde 14 hace meses– el Ejecutivo anunció la suspensión de actividades mineras por 30 días y la exclusión de personas naturales y jurídicas que tengan condición de “suspendido” en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en toda la provincia. El problema es que hasta el cierre de esta nota no se ha precisado cómo se ejecutarán ambas acciones en términos logísticos.
En Pataz, los boquerones pueden encontrarse en todas partes. La imagen también muestra una maquinaria minera. Fotos: Mathías Panizo/GEC
/ Para tener una idea de la magnitud del problema: en esta zona existen al menos 450 bocaminas ilegales identificadas y georreferenciadas, según informan fuentes de este Diario. Se trata de las puertas de ingreso a túneles clandestinos por donde delincuentes ingresan a las concesiones mineras para extraer ilegalmente el oro o para secuestrar al personal formal y apropiarse del material en bruto.
Este material sale de Pataz en volquetes que se trasladan hacia plantas de procesamiento ubicadas en la misma región, en Ica o Arequipa. Durante el 2024, solo del área de concesión de las tres mineras formales de la zona (Poderosa, Horizonte y Marsa) salieron 11.000 de estos vehículos, ninguno de propiedad de dichas empresas. Se trata de un promedio de 30 camiones cada día que atraviesan medio país sin problemas. Un informe de este Diario de febrero del 2024, daba cuenta que el promedio para entonces era 22 volquetes al día. Esto evidencia que, aunque el año pasado también se reportaron varios atentados e incluso el hallazgo de una fosa con 15 cadáveres en Pataz, las acciones del gobierno no impactaron en la reducción de este problema.
La reja al fondo fue instalada por Poderosa para evitar que los mineros ilegales o parqueros accedan a las operaciones de la minera. Las rocas están negras por el humo, al igual que el agua en el suelo, cubierta de restos espesos.
/ Ayer, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, especificó que la suspensión de actividades mineras no involucra a las empresas formales, que en dicha provincia suman más de 200 de pequeña minería y minería artesanal. “La suspensión es por 30 días mientras las Fuerzas Armadas y la policía toman control del territorio e inician su labor de búsqueda y captura de delincuentes y organizaciones criminales”, dijo en TV Perú. Sobre las inscripciones suspendidas de REINFO, cuya fiscalización compete a su sector, no brindó mayores detalles.
Para Nicolás Zevallos, fundador y director del Instituto de Criminología, aunque la suspensión era una medida solicitada por el sector minero, no queda claro cómo se va a ejecutar, tomando en cuenta los límites logísticos. Solo en Pataz hay 1.291 inscripciones en Reinfo, de las cuales 530 están vigentes y 761 se encuentran suspendidos. “El problema es quién lo va a fiscalizar y cómo. No hay capacidad operativa para hacer el seguimiento. El monitoreo de Reinfo le corresponde al sector energía y minas y a los gobiernos regionales, no a la policía”, explica.
En el 2024, el Congreso aprobó ampliar el Reinfo por seis meses hasta junio del 2025 con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre. (Foto: Andina)
En diálogo con este Diario, Zevallos consideró que concentrar esfuerzos en la interdicción policial de bocaminas genera un desgaste operativo enorme porque se trata de varios cientos de zonas a intervenir. Por ejemplo, pese a que un contingente de 800 policías y personal militar arribó a Pataz para operativos de interdicción en abril pasado, se lograron volar apenas 20 bocaminas.
Problema de fondo
Lo cierto es que especialistas consultados por El Comercio insisten en que lo anunciado por el Ejecutivo son acciones provisionales que no impactan en la cadena productiva ilegal. Zaraí Toledo, investigadora en economías informales extractivas, especialmente la minería informal, considera que la exclusión de los Reinfo suspendidos no tiene relevancia porque las organizaciones criminales pueden utilizar registros activos o conseguir nuevos. De hecho, investigaciones previas han evidenciado que los volquetes con el producto bruto se trasladan a distintas regiones con documentos formales, ya sea porque los mineros con Reinfo activo forman parte de la cadena, venden las guías de remisión a los ilegales o son extorsionados por ellos.
“Lo que se va a lograr es que se busquen a otros testaferros para que vuelvan a inscribirse y así continuar en el negocio. El Reinfo se ha vuelto el rincón de testaferros para poder legitimar las actividades ilegales. Cuando se creó tenía una buena premisa, pero sin acompañamiento, monitoreo y vigilancia, se convirtió en un paraguas para evitar las interdicciones”, explica Toledo. En su opinión es más urgente establecer un sistema de inteligencia eficaz que estudie las articulaciones entre los financistas, los brazos criminales y los brazos políticos que garantizan su continuidad. A su vez, darle un verdadero acompañamiento a los pequeños mineros que sí están buscando formalizarse y que ahora o están siendo desplazados, cooptados o amenazados por los grupos criminales.
“Tenemos que pensar desde la economía del oro. Toda la legislación peruana está enfocada en quienes extraen el mineral, que son el eslabón más vulnerable, pero la forma más sostenible de atacar el problema es quién hace más dinero, desde las plantas de procesamiento tienen casi nula fiscalización hasta joyerías en Lima y el mercado negro internacional”, añade la especialista.
Con ella coincide Zevallos quien advierte que sin acciones simultáneas no será posible detener el problema. El criminólogo lo resume así: “La gran pregunta es ¿cuántos expedientes fiscales por organizaciones criminales se han elaborado a la fecha? ¿cuánta labor de inteligencia se ha realizado? ¿cuántas cuentas bancarias, propiedades y activos de organizaciones que operan en la zona se han identificado? ¿En qué va el control de rutas, de explosivos? El despliegue policial puede ser importante como complemento de la labor de inteligencia”.
El Reinfo, creado en el 2017, ha tenido más de múltiples ampliaciones. La última, aprobada en noviembre del año pasado por el Congreso en medio de graves críticas le dio una extensión de seis meses, hasta este junio de 2025, aunque con la posibilidad de una subsiguiente ampliación si así lo dispone el Ejecutivo. Dicha decisión, que tuvo el respaldo de 87 congresistas, evidenciaba las influencias políticas de mineros informales que utilizan el Reinfo como escudo para operar sin mayores dificultades, con negocio ilícito que genera unos US$6 mil millones al año. Un estudio elaborado por Videnza estima que solo el 2,3% de los aproximadamente 90.000 mineros inscritos logró formalizarse en los últimos siete años. Además, una investigación de El Comercio que revisó los sistemas del Reinfo, Registros Públicos y el Ministerio Público demostró que existen mineros con investigaciones fiscales y que, sorprendentemente, poseen entre 10 y 77 registros.
